Algo que parece obvio, viviendo en un Estado social y democrático de derecho, no estaba pasando en la Comunidad Valenciana en el reparto de las ayudas a los centros que atienden a personas con discapacidad. Hasta ahora teníamos discapacitados de primera y de segunda. El mapa del reparto de las subvenciones de la Generalitat en 2013 a las entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos que gestionan centros de atención a personas con discapacidad registra diferencias de hasta el 277 % por usuario y día, lo que representa una brecha de casi 28.300 euros anuales en función de la residencia, según se desprende de la resolución de la Conselleria de Bienestar Social por la que se distribuyeron los 65,8 millones otorgados en 2013 para el sostenimiento de 6.631 plazas en toda la C. Valenciana.
Como sucede con la financiación autonómica a otra escala, la vida de un discapacitado de la residencia «Infanta Cristina» de Castelló o en la «Infanta Elena» de Sant Joan d'Alacant es muy diferente a la de uno del centro «Sant Francesc» de Castelló o «Solidaritat» de Algemesí. En las dos primeras, la aportación del Consell, por plaza y día, fue de 106,98 euros; en la de Castelló, de sólo 28,40 euros, mientras la de Algemesí recibe 34,63 euros. Una disparidad económica que se traduce en más servicios (instalaciones, monitores, actividades) en unas que en otras.
Desde nuestra página siempre hemos sido muy críticos con las medidas adoptadas por la Consellería en detrimento del sector de la discapacidad, pero en esta ocasión, si verdaderamente esta propuesta se concreta en hechos ciertos, tendremos que felicitar a la Sra. Sánchez Zaplana por su valentía y decidido apoyo a todos los discapacitados de la Comunidad, indistintamente del centro que les asiste.
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