sábado, 11 de enero de 2014

No al copago.

Artículo de colaboración de José Manuel Vidagany Peláez. Publicado el 11 de enero de 2014. Levante EMV
 
Existen importantes tratados de Derecho que buscan descifrar los elementos esenciales que definen una democracia y muchas veces nos perdemos en laberintos terminológicos que poco nos acercan a la realidad que vivimos. Cuando sustentamos ese concepto simplemente en el derecho al voto o en la representación parlamentaria, nos quedamos sólo en la superficie, puesto que la consolidación de un Estado puede visualizarse de una forma más efectiva en el día a día de sus ciudadanos, y en la relación, basada en principios democráticos, que debe existir.
De este modo, entiendo que el principio de seguridad jurídica en las relaciones que tenemos con la Administración, y por ende, en la acción práctica de las políticas emprendidas por el Gobierno, debe ser un parámetro básico sobre el que medir la salud democrática de un país, y como definen muchos autores, son el fundamento sin el cual no puede hablarse de verdadera y real existencia de un Estado de Derecho. Es decir, y para que nos entendamos todos, si la Administración no respeta las reglas del juego, rompe todo el sistema de derechos y principios democráticos, dejando al ciudadano huérfano frente a la posición privilegiada que ostenta el Estado.
Esto es justamente lo que está ocurriendo con todo el sistema de copagos que se está imponiendo en la Comunitat Valenciana, especialmente en la discapacidad, ya sea en sanidad, empleo o bienestar social. Así, haciendo un análisis cronológico, nos encontramos que a principios de 2013 se impuso el copago farmacéutico a los menores con discapacidad, que disfrutaban de la gratuidad en sus medicamentos, y a estas alturas, a pesar de existir una resolución del Sindic de Greuges donde sanciona esta medida, todavía la Conselleria de Sanidad no ha repuesto el derecho a esos enfermos. Seguimos a mediados de año con los recortes en las políticas de empleo protegido de personas con discapacidad, donde el Servef, rompiendo el sistema de reparto competencial fijado por la Constitución, suprimió ayudas que venían avaladas por la legislación nacional. Por último, en plenas fiestas navideñas la Consellería de Bienestar Social nos sorprende con un copago en servicios sociales para discapacitados y/o dependientes, que se ha tramitado a la trágala, careciendo de base legal y sin consensuar con el sector de la discapacidad, por lo menos, con aquellos que atiende a estos usuarios y sus familias.
En definitiva, parece que vivimos en un sistema que formalmente se dice democrático, pero que por sus acciones, pervierte principios básicos de un Estado de Derecho, imponiendo medidas políticas improvisadas y poco ajustadas a la legalidad, a sabiendas de lo que está haciendo, en un perverso juego donde el ciudadano queda indefenso.

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