JOSÉ MANUEL VIDAGANY siempre he defendido desde las páginas de Levante-EMV la necesidad de que la Consellería de Bienestar Social rectificara la imposición del copago para la discapacidad, puesto que dejaba a miles de usuarios y sus familias en absoluto desamparo. Por ello, es necesario felicitarnos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el decreto del Consell que establecía el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.
A partir de ahí, hay que hacer un análisis pausado de lo que puede suponer este fallo judicial y la preocupación de muchas entidades, puesto que el copago fijaba una fórmula de participación del usuario en los costes de mantenimiento de su centro asistencial, lo que fue restado de las ayudas asignadas, y de ese modo, debe aclararse cómo se va a proceder a su devolución, y muy especialmente, quién va a financiar esa pérdida considerable de recursos económicos para la atención de los discapacitados y/o dependientes. Desde un punto de vista jurídico, y como afirma el TSJ, el copago atentaba contra derechos constitucionales y de colectivos vulnerables.
El siguiente paso es exigir a la consellería diligencia, para lo que debe aclarar en qué condiciones va a ejecutar la sentencia y cómo va a repercutir en la viabilidad de los centros. De este modo, corresponde a la Administración comunicar a los usuarios el resultado de la sentencia y su puesta en práctica, pero es más, también debe proveer a los centros de atención a la discapacidad de los ingresos necesarios, después de haberlos forzado a convertirse en sus recaudadores y reducirles las ayudas.
La consellera Asunción Sánchez Zaplana debería dar una respuesta clara y urgente a esta cuestión, reuniéndose con todos los centros y transmitiendo tranquilidad a los mismos, puesto que una vez declarado nulo el copago, lo que debe garantizarse es la pervivencia del sector y que las necesidades económicas para atender a sus usuarios estarán cubiertas, con las mismas cuantías y en los mismos términos que hasta ahora. Después del error en la imposición del copago, y con unas elecciones autonómicas tan próximas, no es momento para titubeos o enroscarse en estériles interpretaciones de la sentencia, puesto que la discapacidad en la Comunitat Valenciana necesita un marco social y legal seguro.
A partir de ahí, hay que hacer un análisis pausado de lo que puede suponer este fallo judicial y la preocupación de muchas entidades, puesto que el copago fijaba una fórmula de participación del usuario en los costes de mantenimiento de su centro asistencial, lo que fue restado de las ayudas asignadas, y de ese modo, debe aclararse cómo se va a proceder a su devolución, y muy especialmente, quién va a financiar esa pérdida considerable de recursos económicos para la atención de los discapacitados y/o dependientes. Desde un punto de vista jurídico, y como afirma el TSJ, el copago atentaba contra derechos constitucionales y de colectivos vulnerables.
El siguiente paso es exigir a la consellería diligencia, para lo que debe aclarar en qué condiciones va a ejecutar la sentencia y cómo va a repercutir en la viabilidad de los centros. De este modo, corresponde a la Administración comunicar a los usuarios el resultado de la sentencia y su puesta en práctica, pero es más, también debe proveer a los centros de atención a la discapacidad de los ingresos necesarios, después de haberlos forzado a convertirse en sus recaudadores y reducirles las ayudas.
La consellera Asunción Sánchez Zaplana debería dar una respuesta clara y urgente a esta cuestión, reuniéndose con todos los centros y transmitiendo tranquilidad a los mismos, puesto que una vez declarado nulo el copago, lo que debe garantizarse es la pervivencia del sector y que las necesidades económicas para atender a sus usuarios estarán cubiertas, con las mismas cuantías y en los mismos términos que hasta ahora. Después del error en la imposición del copago, y con unas elecciones autonómicas tan próximas, no es momento para titubeos o enroscarse en estériles interpretaciones de la sentencia, puesto que la discapacidad en la Comunitat Valenciana necesita un marco social y legal seguro.
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