Recurrida
la Orden de ayudas a centros especiales de empleo de discapacitados
La
Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Fevalcee) ha presentado
contra la Consellería de Economía y Empleo un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, por vulneración de derechos fundamentales en relación a
la Orden 12/2014 por la que se convoca y
regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo
para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio
2014.
El
presidente de Fevalcee, Juan García Sentandreu, ha querido señalar que el procedimiento
para la protección de los derechos fundamentales, viene recogido en la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para aquellos supuestos donde se
produce una grave quiebra de los principios básicos sobre los que se asienta la
Constitución y nuestro Estado de Derecho, como ha ocurrido en el presente caso,
donde la Consellería ha vulnerado el principio de igualdad y el reparto
competencial fijado en nuestra Carta Magna, asumiendo y recortar una norma
nacional de obligada observancia para las CC.AA., como es el caso de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 16 de octubre de 1998, donde se determina con meridiana
claridad las bases mínimas de ayudas que deben tener este tipo de empresas
protegidas.
Para
la Federación de Centros, y como fundamentan en su recurso, la presente Orden 12/2014 de la Consellería, lejos
de cumplir con estricta observancia el mandato constitucional y la Orden
Ministerial que regula esta materia, ha decidido recortar y suprimir las ayudas
configuradas en una norma estatal, lo que viene a significar que la Generalitat
Valenciana, lejos de prever un régimen más favorable al previsto en la
normativa estatal para los CEE de su territorio, respetando las bases mínimas
nacionales, se ha atribuido ilícitamente competencias legislativas estatales,
modificamdo con una Orden autonómica las bases de una materia reservada al
Estado y que viene incardinada en el propio artículo 49 de la Constitución
Española.
De
las tres ayudas básicas para la financiación de los centros especiales de
empleo, la Generalitat Valenciana ha decidido suprimir dos de ellas,
concretamente la creación de empleo fijo y las unidades de apoyo, que además,
deben ser entendidas como aquellas que contribuyen a una mejor integración
laboral y social de las personas con una discapacidad más severa, como son los
discapacitados intelectuales, enfermos mentales y físicos de más del 65% de
discapacidad.
Fevalcee
asegura en su demanda que la actuación de la Consellería es arbitraria,
gratuita, subjetiva y constitucionalmente inadmisible, por cuanto la
Generalitat Valenciana decide recortar las bases sobre las que se asientan las
ayudas y subvenciones públicas para los centros especiales de empleo de
personas con discapacidad, no sólo vulnera la legislación estatal, sino
rompiendo el principio de igualdad, poniendo a los centros protegidos de la
Comunidad Valenciana en una posición de desventaja frente al resto de centros
del Estado, quienes pueden potenciar adecuadamente la creación de empleo
estable o indefinido de personas con discapacidad en su concreta actividad,
disfrutando de las ayudas que estatalmente les corresponden. Pero este recorte
en derechos para los centros especiales de empleo de personas con discapacidad
en la Comunidad Valenciana, no sólo afecta a las personas jurídicas que los
conforman (centros especiales de empleo), sino que muy directamente influye en
sus trabajadores, quienes se ven forzados a una interinidad y temporalidad en
sus contratos totalmente injusta y desigual, si lo comparamos con el resto de
trabajadores del sector en otras autonomías.
Sentandreu
ha acusado al resto de patronales y sindicatos representativos del sector de
connivencia con la Consellería y estos graves recortes a la discapacidad, afirmando
que el procedimiento de derechos fundamentales tiene un carácter excepcional y
sumario, lo que supone una tramitación urgente, con lo que en un par de meses
podría haber una Sentencia que obligara a la Consellería a respetar la ayudas
mínimas estatales fijadas para los centros especiales de empleo, dejando
totalmente en entredicho a organizaciones como Agevalcee o Cermi que han
apoyado por acción u omisión esta norma valenciana.
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