Según los recientes informes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la crisis está incidiendo de manera especial en el colectivo de las personas con discapacidad, habiéndose incrementado su número de parados en España un cien por cien en los últimos cinco años. La tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 36%, frente al 76% del resto de la población española, debido principalmente a la inexistencia de recursos formativos públicos y la desinversión en un sector social que empieza a molestar, cuando ahora debe hablarse sólo de macroeconomía.
Por desgracia, parece que las instituciones nacionales y comunitarias están en otros asuntos, redescubriendo nuevos términos menos discriminatorios para referirse a este colectivo, como ahora la llamada diversidad funcional. Estos debates teóricos podrían resultar de interés en otro momento, pero en la actualidad, se necesitan soluciones eficaces y programas que verdaderamente incidan en la reducción de la brecha que se está produciendo respecto de los derechos inherentes al concepto de ciudadanía, en relación a las personas con discapacidad. Los que nos dedicamos a la atención de la discapacidad tenemos la desgracia de ponerle diariamente cara a esas cifras, recibiendo innumerables personas que nos relatan una dramática situación, de la que todos nos debemos concienciar, para dar una adecuada respuesta.
José Manuel Vidagany
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